Javier Milei pronuncia su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. Es la primera vez que habla en el recinto del Congreso. El día de su asunción como Presidente, lo había hecho en la puerta del Palacio Legislativo y de espaldas a la puerta principal. Dice: “Durante la pandemia, si hubiéramos hecho las cosas como un país no mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos… De verdad”. Decenas de legisladores y el público en los palcos lo aplauden. Ellos, y quienes rechazan esas palabras, saben a qué se refiere con la mención de la cifra y el comentario, para nada casual, de “de verdad”.
Semanas después, el 24 de marzo, con motivo del Día de la Memoria, el Gobierno difundió en sus redes sociales un video en el que afirmó que el número de 30.000 desaparecidos, que comenzó a difundirse inclusive durante la última dictadura como una estimación de las denuncias recibidas en el país y el exterior, era “inventado” y “un gran negocio”, según dijo en ese momento Luis Labraña, exguerrillero de distintas organizaciones como Montoneros.
Desde antes de su llegada al Gobierno, Milei, al igual que su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y varios de sus asesores y militantes, cuestionaron en distintas oportunidades la validez de la cifra de 30.000 desaparecidos como consecuencia de la represión ilegal ejercida por la última dictadura cívico militar (1976-1983).
“Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad: no fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753”, había afirmado Milei en el primer debate de los candidatos presidenciales en octubre del 2023. Esa noche, en Santiago del Estero, también había asegurado que durante los años 70 “las fuerzas del Estado cometieron excesos” durante una “guerra” en la que, sostuvo, los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos“, prosiguió.
Y días después fue Villarruel quien, en otro debate electoral, ponderó la supuesta inocencia del represor Juan Daniel Amelong, teniente del Ejército condenado en cinco ocasiones (cuatro de ellas a prisión perpetua) por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura en Rosario.
Más acá en el tiempo, Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro de ultraderecha, integrada por asesores y allegados al Gobierno de Milei, insultó a las Madres de Plaza de Mayo y afirmó: “Criaron chicos para matar y, una vez que terminaron con las vidas de estas basuras, lloraron derechos humanos”.
El Congreso Nacional, el mismo donde Milei habló de los 30.000 “de verdad”, sigue sin definir una sanción para los seis diputados de La Libertad Avanza que en julio pasado visitaron en prisión a un grupo de represores que cumplen condenas tras ser juzgados por haber cometido delitos de lesa humanidad. Uno de los detenidos fue Alfredo Astiz, emblema del terrorismo de Estado en los 70. Entre las víctimas de Astiz, que operaba en los Grupos de Tareas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se encontraron tres Madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos desaparecidos y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes fueron homenajeadas el pasado domingo al conmemorarse 47 aniversario del secuestro en la Iglesia Santa Cruz y asesinato tras ser arrojadas al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.
“La Memoria está en emergencia”, alertaron en octubre pasado los organismos de derechos humanos ante el “desguace y desfinanciamiento” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “El Gobierno avanza sobre el vaciamiento de áreas del Estado, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras, y el desmantelamiento de políticas de Estado”, cuestionaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares, H.I.J.O.S. Capital, la APDH, el CELS, entre otros.
Un discurso marginal llega al Gobierno
“El ascenso de Milei al Gobierno llevó a la Casa de Gobierno un discurso de reivindicación de la última dictadura que era marginal. Esto no había existido jamás en los 41 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Ni en la época de Carlos Menem, con sus indultos a las cúpulas militares. Es un cambio notorio y no menor porque se trata de un punto de inflexión muy grande en este pacto democrático que habíamos construido los argentinos desde 1983”, dijo a elDiarioAR Germán Ferrari, docente y periodista, autor de los libros “1983, el año de la democracia” y “Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la guerrilla: de la amnistía a la ‘justicia para todos’”. En este último trabajo, publicado en 2009, Ferrari citó la presencia de Victoria Villarruel como fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), en aquel momento “un sector marginal que aparecía en blogs de extrema derecha” en los que también publicaban, entre otros, Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo de Milei.
“El ascenso político de Villarroel –indicó Ferrari– obedece a un contexto en el cual hay un aval por parte de ciertos sectores de la sociedad a un discurso negacionista que, con todos sus matices, parecía ya superado”. Sin embargo, comentó el periodista, 15 años después de la publicación de su libro el escenario “se ha modificado muy profundamente a partir de este fenómeno, no sólo argentino sino internacional, de puesta en cuestionamiento de los pactos democráticos vinculados a los derechos humanos”. A nivel global, Ferrari citó que una situación similar se da en España con el partido de ultraderecha Vox, que reivindica el franquismo. “Esto es un desafío no solamente para los organismos de derechos humanos, sino para los amplios sectores democráticos de la sociedad, incluyendo a partidos políticos, los sindicatos y la iglesia, de rever estos discursos muy emparentados con los de odio. ¿Cómo se pueden contrarrestar? Desde el pensamiento, la acción, desde la creatividad para que las políticas de memoria, verdad y justicia tengan una prolongación en el tiempo, más allá de este tipo de discursos reivindicatorios de la dictadura”, sostuvo Ferrari.
Los doctores en Historia Hernán Confino y Rodrigo González Tizón publicaron semanas atrás el libro “Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta”, editado por Fondo de Cultura Económica (FCE). El trabajo repasa las voces y los grupos que, durante los últimos años, polemizaron con las memorias promovidas desde el Estado democrático y el movimiento de derechos humanos acerca de lo sucedido en Argentina hace alrededor de medio siglo. Confino y González Tizón señalan que aquellas ideas, para nada novedosas, lograron “vestirse de novedad y, en pleno siglo XXI, cuestionar los consensos construidos durante 40 años de democracia en torno a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino en el pasado reciente”. El libro discute cuatro “trincheras” ideológicas desde las cuales las nuevas derechas libran su “batalla cultural” por la memoria.
“Estos discursos que vemos con mucha circulación en el espacio público, como la idea de cuestionar la cifra de desaparecidos o tratar de instalar la idea que hay un enemigo interno que amenaza a la Nación, que piensan el conflicto social y político en los términos de una guerra, tiene consecuencias en el presente y pueden tener una deriva peligrosa”, indicó González Tizón a elDiarioAR. Al respecto, Confino, también en diálogo con este medio, señaló que el Gobierno de Milei busca emparentar la figura del “subversivo de ayer” con el accionar de organizaciones como las feministas, ambientales o de izquierda.
Victoria Villarruel durante un acto en el Senado en el que anunció que avanzará en la reapertura de las causas de los 70 vinculadas a asesinatos cometidos por grupos guerrilleros. Senado
Al igual que lo dijo Ferrari, tanto Confino como González Tizón opinaron que la llegada al poder de Milei “traspasó de una manera bastante abrupta y terrible el consenso democrático del alfonsinismo. Pensamos que ninguno de los interlocutores del campo político iba a ponerlo en duda porque era un límite que no se podía franquear, pero uno de ellos obtuvo un importante respaldo en las urnas”, recordaron.
Confino y González Tizón, en tanto, destacaron que los discursos que buscan “relativizar, justificar o minimizar los crímenes de la dictadura” también brindan algunas claves para entender cómo “determinadas tensiones que atravesaron las políticas de derechos humanos de los últimos 20 años produjeron un caldo de cultivo para que llegar a esta situación”
“Hay una estructura de oportunidad que generó la nueva derecha para que los discursos referidos a los 70 convivan con otros. La juventud libertaria los utiliza para pensar otras dinámicas. Entonces dice ‘nunca más’, pero aplicado a la ‘infectadura’, por ejemplo. O ‘aparición con vida’, pero dedicado a aquellos que fueron reprimidos por la fuerzas de seguridad durante la cuarentena. Vemos que la extensión del problema de los 70 en la discusión pública viene de la mano de la pérdida de su especificidad”, planteó Confino.
El gobierno de Milei y sus allegados “intentan atacar muy fuertemente aquel pacto social al que llegamos hace 41 años de condenar lo que vivimos en la dictadura militar porque este proceso de devastación social actual no cierra sin represión y la reinstalación de la sociedad de la crueldad”, evaluó en declaraciones a elDiarioAR Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina.
Rocca resaltó que Milei, a partir de un “desmantelamiento del Estado social y democrático, diluye la vigencia de los derechos humanos fundamentales: género, alimentación, salud, educación y vivienda”. En ese sentido, Rocca explicó que la visita que diputados de LLA hicieron a represores detenidos por delitos de lesa humanidad no solo representa una “reivindicación de esas figuras que ya fueron condenadas por infinidad de crímenes. No solamente se busca destruir el proceso de memoria, verdad y justicia, sino que se está cambiando el paradigma social, económico, político y democrático. Por eso es necesaria, justamente, la reivindicación de aquel genocidio”, aseguró Rocca.
La presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina, en tanto, advirtió que bajo la gestión de Milei puede agravarse la demora con que se llevan adelante los juicios a represores acusados de delitos de lesa humanidad, una situación que “conspira contra el efectivo cumplimiento de justicia”.
“Además –indicó– lo que está sucediendo es que muchos represores están accediendo al recurso de cumplir la condena en sus domicilios. A veces no llegamos a enterarnos de todos los que se benefician con esa medida”, admitió.
Fuente: El Diario AR
Por Ignacio Fraboschi
