Leyenda o pesadilla, Juan Méndez (78) genera olas a su paso. Hay quienes lo consideran un gigante en la lucha por los derechos humanos. Y hay gobiernos tan disímiles como los de Venezuela, Cuba y Estados Unidos que deben lidiar con sus críticas, informes y recomendaciones. Porque para él, abogar por los derechos humanos sin importar ideologías es una cuestión ética. “Nuestra credibilidad depende de ser capaces de señalarle al poder sus desviaciones”, dice.
Méndez vive en Estados Unidos desde hace décadas. Debió exiliarse de la Argentina tras ser torturado en los años 70 por defender presos políticos. Y su trayectoria posterior apabulla: miembro fundador de Human Rights Watch, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asesor especial del secretario general de la ONU para la prevención de genocidios, académico en Notre Dame, Oxford, John Hopkins y American University, y miembro del Órgano de Justicia Racial de la ONU, entre otros hitos. Ese mismo recorrido lo lleva a analizar la situación actual con cautela.
“Impulsar algunas políticas de derechos humanos resulta más difícil que antes”, dice, antes de afirmar que la polarización y los discursos de odio son dos desafíos sustanciales de nuestro tiempo, ejes que aborda en Un puesto de lucha. Los derechos humanos en evolución, el libro que presentará en Buenos Aires el jueves 15, a las 18, en la librería del Fondo de Cultura Económica.
A lo largo del libro, Méndez combina su experiencia de vida –”uno vive con la tortura el resto de su vida”, dirá, casi en susurros– con ejes insoslayables de la agenda global como la migración, las detenciones arbitrarias y los genocidios, y con premisas claras sobre cómo moverse en arenas movedizas.
«La credibilidad del trabajo en derechos humanos depende de aplicar a todos los mismos parámetros. Es el único modo de tener éxito»
“La independencia, la integridad y la transparencia son condiciones de eficacia del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y las entidades que han dominado estas condiciones son las más exitosas en el campo”, remarcará sobre el final del libro. “Al mismo tiempo, aquellas organizaciones que han permitido que la política o la ideología influyan en sus definiciones y sus posiciones sobre temas de derechos humanos sacrifican la oportunidad de ser tomadas con seriedad por quienes formulan políticas”.
–Su libro me dejó la sensación de resultar un balance…
–Así es. La intención fue hablar de mi experiencia directa en el movimiento de derechos humanos en sus distintas etapas. Hemos avanzado mucho, pero también hubo retrocesos que no hemos revertido. Y ahora impulsar algunas políticas de derechos humanos resulta más difícil que antes, aunque sean correctas y jurídicamente defendibles.
–Remarca en su libro que vivimos un período en el que, más que avanzar, debemos concentrarnos en sostener los logros obtenidos en ciertas áreas de los derechos humanos para evitar retrocesos.
–Esa es mi visión, sí. Debemos defender lo logrado y no permitir que haya retrocesos. No debemos creer que el trayecto será siempre positivo y hacia adelante cuando de derechos humanos se trata, porque la experiencia demuestra que no es así. Esto no quiere decir que no se registren progresos significativos en algunas áreas, como las de igualdad de género o el respeto a las personas con vulnerabilidades. Pero son solo progresos en ciertas áreas y no uniformes.
«En la lucha contra la tortura estamos retrocediendo a nivel global. Registramos una mayor tolerancia social a ella, aunque las normas se mantienen»
–¿Cuáles son las áreas que más le preocupan? ¿Migración, acaso?
–Claro, al igual que la lucha contra la tortura, un área en la que teníamos un acuerdo bastante uniforme sobre la prohibición de ciertas prácticas que superaba las ideologías, pero que después del 11 de septiembre del 2001… La “legitimación” implícita de la tortura por la administración de George W. Bush llevó a muchos Estados a avanzar en el uso de la tortura; sobre todo los Estados autoritarios. En este campo estamos retrocediendo, aunque no se registraron las peores consecuencias, como pudo haberlas tenido, afortunadamente. No llegó a modificar normas internacionalmente aceptadas, pero sí vemos una mayor una tolerancia a la tortura, una especie de cultura de masas que piensa que la tortura es necesaria o que al menos tiene algunos fines útiles.
«En la Argentina, los procesos por corrupción duran años y mantienen en un limbo a los acusados sin que se clarifique lo ocurrido»
–Ya en la Facultad de Derecho aprendimos que la tortura resulta una trampa, no solo por su inmoralidad, sino también por sus efectos contraproducentes. Se sabe desde hace siglos. ¿Por qué cree que hoy es aceptada o, al menos, tolerada?
–En Estados Unidos, al menos, los ataques del 11 de septiembre fueron un punto de inflexión. Causó un cambio de actitud importante en la cultura de masas. El gobierno de Estados Unidos siempre había condenado la tortura en todas sus formas, pero pasó a aplicarla en lo que llamó la “guerra global contra el terrorismo”, y lo hizo explícitamente. Me parece que eso llevó a una relativización de los males de la tortura, que podemos observar en la televisión, en el cine. Todo eso nos condiciona a pensar que la tortura es fea, pero que nos hace más seguros o nos protege. Eso es muy pernicioso, porque sin una condena uniforme es difícil avanzar hacia la supresión de la tortura.
–Usted fue torturado en los años 70, cuando aún vivía en la Argentina. ¿Siente este resurgimiento de la tortura como una frustración personal?
–Sí, lo experimento con una gran frustración. Así lo sentí cuando salieron a la luz los infames memos secretos del gobierno de George W. Bush que sostenían que solo es tortura cuando produce la falla de un órgano del cuerpo humano o la muerte. Lo primero que pensé al leerlos fue, obviamente, que lo que me hicieron a mí no sería tortura. ¿Qué puedo decirle?
–Permítame una digresión: ¿cómo siguió adelante tras haber sido torturado? ¿Cómo evitó que la sed de venganza lo carcomiera?
–Le diré que haber sido torturado… uno vive con eso el resto de su vida. Pero creo que haber encontrado una manera de luchar contra la tortura fue clave en mi caso. Primero, denunciándola, y después aplicando las herramientas del derecho internacional. Encontré la manera de demostrar que la tortura, como decía Cesare Beccaria en el siglo XVIII, es contraproducente, además de inmoral e ilegal. Eso me ayudó mucho a transformar esa experiencia de mi vida en una vocación por la lucha contra la tortura.
–¿Sostener la credibilidad en tiempos de grietas, de polarización extrema es, acaso, el mayor reto que afronta hoy el campo de los derechos humanos?
–La polarización resulta un desafío, sí. Cuando nos aferramos a las tribus a las que pertenecemos y no queremos reconocer ningún aspecto positivo en nuestro adversario, afectamos la credibilidad de nuestra prédica por los derechos humanos. Y cuando estamos dispuestos a denunciar todo lo que hace el adversario, pero miramos para otro lado cuando un amigo hace lo mismo, también se pierde la credibilidad. La credibilidad del trabajo en derechos humanos depende mucho de aplicar a todos los mismos parámetros y de ser capaces de señalarle al poder sus errores y desviaciones. Esa es la única manera en que se puede tener éxito en el trabajo en derechos humanos. Claro que resolver algunos problemas conlleva involucrarse en política, pero debemos mantener nuestra independencia y la imparcialidad y ser capaces de denunciar las desviaciones de nuestros amigos. Si queremos luchar contra la tortura, por ejemplo, tenemos que ser capaces de denunciarla sin importar quién la practica.
–Lo traigo a la coyuntura local. ¿Existe un punto de equilibrio entre el garantismo y la “mano dura”?
–Creo que es una falsa dicotomía. El garantismo es una forma de organizar la Justicia penal conforme a los tratados internacionales y los derechos de las personas, a la presunción de inocencia y a tener un juicio justo. La “mano dura” es algo muy distinto y tiene una larga historia en la Argentina, lamentablemente. Es quitarles frenos a las fuerzas de seguridad, que ya de por sí cuentan en sus manos con todo el poder del Estado, y eso es un error. Si no se controla a las fuerzas de seguridad, tienen una tendencia a abusar de ese poder y así pasa en cualquier lugar del mundo. Así que no estoy muy seguro de que garantismo y “mano dura” sean comparables. Creo incluso que hubo intentos de reforma policial muy interesantes en la Argentina, casi todos frustrados por razones inmediatas, por ganar elecciones. Y creo que el garantismo es una tradición que no sólo debe ser respetada, sino impulsada. Claro que pueden registrarse excesos en su aplicación, malos fallos, pero me parece exagerado cuestionar todo un sistema de Justicia penal porque un excarcelado cometió un delito.
–Reforma judicial: ¿cómo evitar el riesgo de sirva para la manipulación política, la protección de algunos y la persecución de rivales?
–Eso es muy preocupante. Hemos visto en la Argentina y otros países cómo la supuesta lucha contra la corrupción se desvirtuó rápidamente en el armado de algunos casos, hasta irrisorios, para excluir rivales de la contienda. Pasó, por ejemplo, con Lula en Brasil. De todos modos, no quiero abordar casos concretos en la Argentina sin conocer a fondo los expedientes y las evidencias. Tampoco quiero aventurarme a afirmar que todas las investigaciones por corrupción son así, ni mucho menos. Pero sí puedo afirmar que, lamentablemente, la muy válida aspiración que teníamos todos de exigir una rendición de cuentas a nuestros dirigentes para erradicar la corrupción derivó en una realidad muy distinta en varios de nuestros países. Tendió más a la manipulación con fines electorales y políticos que a la lucha contra la corrupción.
–¿Cuál es su posición sobre el lawfare?
–Mi primera reacción es de sorpresa, porque aquí, en Estados Unidos, no tiene las connotaciones negativas que tiene en la Argentina y otros países. Aquí se usa en un sentido más neutro porque también se aplica al desarrollo y ejecución de estrategias judiciales para causas muy válidas como luchar contra la pena de muerte o la aplicación excesiva de la prisión perpetua. En América Latina, en cambio, tiene una connotación negativa. Es un neologismo tan nuevo que cada uno le da el sentido que quiere.
–¿Cree que se han registrado casos de lawfare en América Latina; es decir, la persecución de rivales políticos a través de expedientes judiciales?
–Bueno, prefiero ser cauto, aunque en ciertas investigaciones no se entiende bien qué teoría jurídica se está aplicando, además de que los procesos duran años y mantienen en un limbo a los acusados sin que se clarifique lo ocurrido. Eso, lamentablemente, es un dato de la realidad que hay que corregir con más Estado de Derecho, con más independencia del Poder Judicial y con más reclamos de la opinión pública para que cada institución cumpla su rol como debe.
–¿Es la “prédica del odio” otro gran desafío de nuestro tiempo?
–Sí, sin duda, y tensiona la libertad de expresión. ¿Cómo permitir un intercambio robusto, franco y abierto de ideas y al mismo tiempo ponerle coto al insulto, a la agresión, a la minimización del otro, en especial por razones raciales o de género? El derecho internacional tiene este dilema bastante bien resuelto en la teoría, pero resulta muy difícil aplicarlo en la práctica, sobre todo cuando los que quieren difundir el odio se amparan en la libertad de expresión. Tiene que haber una tolerancia a las ideas, aunque sean impopulares, pero también tiene que haber un precio a pagar cuando alguien cruza la línea con expresiones de odio y, más aún, si generan actos de violencia.
–¿Cómo superamos la polarización extrema en que vivimos? Las reacciones que suscitó la muerte de Hebe de Bonafini fue el ejemplo más reciente de esa grieta, pero encontramos situaciones similares en Estados Unidos alrededor de Donald Trump, en Brasil con Lula y Jair Bolsonaro; en España con Vox y Podemos, y puedo continuar con los ejemplos y los países.
–Bueno… [Calla unos segundos] Siempre tendí a pensar que lo más saludable es fomentar el debate público y que cada cual diga lo que piensa y afronte las objeciones y críticas de la opinión pública. Por el contrario, apelar a prohibiciones legales, a sanciones, me parece contraproducente. Incluso si alguien niega el holocausto, por ejemplo. Cuando se los rebate con datos históricos y fundamentos, queda claro que no tienen razón.
–Le planteo una crítica recurrente de ciertos sectores de la sociedad sobre la administración de Justicia en la Argentina: ¿Por qué se investigan y castigan los crímenes cometidos por los genocidas durante la dictadura, pero no los perpetrados por Montoneros y otros grupos?
–Pienso que esa premisa es errónea. Los crímenes cometidos por Montoneros se persiguieron y se juzgaron. Pero tomemos en cuenta, para empezar, que el régimen militar no se abocó a buscar y preservar pruebas, ni a mantener vivos a los sospechosos. Aún así, recordemos que dirigentes de Montoneros, como Mario Firmenich y otros, fueron extraditados a la Argentina, juzgados y condenados, pero después fueron indultados. Y esa es otra discusión.
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Archivo LN
EXPERTO GLOBAL EN DD.HH
PERFIL: Juan Méndez
■ Abogado y referente internacional en derechos humanos, Juan Méndez nació en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en 1944. Se recibió de abogado en la Universidad Católica Stella Maris, de Mar del Plata
■ Emigró a Estados Unidos en 1977, luego de haber sido detenido y torturado por la dictadura militar.
■ En 1982 inició el programa para América de Human Rights Watch. Durante más de 15 años colaboró para el organismo y llegó a ser el consejero general en 1994.
■ Actualmente y desde 2009 es profesor residente de Derechos Humanos en Washington College of Law de la American University, donde además dirige la Iniciativa Anti-Tortura de su Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.
■ Enseña además desde 1997 en el programa de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, Reino Unido
■ Desde enero de 2017 es miembro de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza. En julio de 2020 fue nombrado miembro del Patronato (junta directiva) del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.
Fuente: La Nación
Por Hugo Alconada Mon
