En espacio de un mes sucedieron en Argentina tres cosas alarmantes relacionadas con el ámbito que trata de cubrir La Justicia prófuga, de Maximiliano Rusconi. Dos de ellas involucran a la ministra de Seguridad de Argentina, y al escribir estas líneas pienso irónicamente que la paranoia que se agita en el país desde la asunción del gobierno nacional el 10 de diciembre podría hacerme entrar bajo algún radar, como cuando Lisa Simpson compra El guardián entre el centeno en una célebre escena de Los Simpson.
Pero en fin, a los hechos: un hombre fue detenido por supuesto tráfico de estupefacientes. Llevaba 2.444 kilogramos de cocaína, en la opinión de un puesto de control de Gendarmería en Mendoza, y luego de su detención, con fotos de los 18 pomos de una conocida marca de talco desodorante para pies y calzado, la ministra tuiteó (una maravilla comunicacional gubernamental que ya tenemos que dar por sentada, políticos de alto rango padeciendo incontinencia tuitera): «mucho talco, poco eficient-e», con ese guion como marca de su esfuerzo por agregar el sentido del humor más fuera de lugar posible a su despliegue de punitivismo pour la galerie. La cuestión es que el hombre, efectivamente, llevaba talco, y estuvo 21 días detenido por transportar ese talco en un colectivo de larga distancia. Una verdadera ordalía inútil, como puede leer aquí el lector de este newsletter.
Días más tarde, hace poco más de una semana, un hombre fue detenido en las inmediaciones de un estadio que prefiero no nombrar de la ciudad de Rosario. Sin que medie la actuación de un fiscal (era domingo, espero no estar difundiendo ideas erróneas, pero es lo que entendí de la conversación entre la víctima y el periodista y abogado Claudio Villarruel, en una emisión radial), el hombre fue privado de la libertad de forma preventiva: sin decirle la razón, el sujeto, diabético, fue trasladado al servicio penitenciario, privado de insulina y sin consideración de sus necesidades nutricionales (una vez que nos inyectamos, los diabéticos no podemos estar mucho tiempo sin comer). La ministra Bullrich tuiteó instantáneamente: «Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a (…), un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán. Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue recapturado en una rápida acción de nuestro equipo, y llevado de inmediato donde debe estar: ¡Tras las rejas! Nuestra misión es clara: cero tolerancia contra estos criminales. Seguimos firmes en la lucha». Horas más tarde, el hombre fue liberado por tratarse de una «confusión», una confusión que causó un perjuicio inimaginable para esta víctima del poder estatal.
Finalmente, estamos en horas de que se ratifique contra Cristina Kirchner la sentencia por asociación ilícita en la famosa causa Vialidad. Las irregularidades procesales de la causa llevaron en estos días al gobernador de la provincia de Buenos Aires (enredado en una contienda interna del peronismo con el sector que representa Cristina) a decir que no solo no hay una prueba para condenar a la expresidenta, sino ya para iniciar un juicio. Pero no únicamente un actor proveniente del kirchnerismo sostiene esa opinión. El actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona llegó a decir que el juicio es un disparate, admitiendo que se trataba y se trata de un claro caso de persecución política.
Los tres hechos son ejemplos de algunos de los más graves vicios que con una demoledora exhaustividad recorre el libro de Rusconi, quien describe a la Justicia como un poder incapaz desprenderse de su aura antidemocrática. Uno puede enterarse, leyendo La Justicia prófuga, que el poder judicial ha sido pensado, en el origen de los estados modernos en los que rige la división de poderes, como un contrapeso de resguardo de minorías poderosas contra la representación de las mayorías en el poder legislativo. Pero también puede ver con minucioso detalle cómo está construida la distancia que pone a la Justicia en una lejanía sobrehumana con respecto al resto de nosotros: salas en las que el imputado permanece en una indefensión vejatoria frente a la mirada de la Justicia, exenciones impositivas, corporativismo cerrado y aferrado a la reticencia al control y a las auditorías, el lenguaje impenetrable de la jerga forense…
Al margen de toda esta descripción que Rusconi hace con una precisión propia del que conoce y padece (hay momentos en que vibra una especie de ironía envenenada, propia de la bronca o la impotencia), lo más preocupante del diagnóstico de su ensayo es la sensación de que las garantías procesales están casi suspendidas en el marco de este estado punitivista (en la entrevista mencionada más arriba, Claudio Villarruel dijo que, en este estado de cosas, «todos estamos en libertad condicional»), y que la Justicia es rehén del poder económico y político, a un punto tal en que se transforma en un instrumento de persecución de opositores. Es curioso: para los que pecamos de sobreinformación política, el libro puede transformarse en una forma del famoso sesgo de confirmación; pero sería vital para que el público que devora noticias y se informa en el hervidero de fake news de Twitter entienda cómo proceden algunos sectores del Poder Judicial, en connivencia con un periodismo que ya no puede recibir ese nombre, para armar edificios de agresión procesal contra determinados blancos políticos. Vivimos en un país que ha normalizado que un vicepresidente con mandato cumplido fuera detenido de madrugada y fotografiado en ese lance, para que esa foto fuera tapa de los diarios, sin considerar ninguna garantía de su integridad. Pero gran parte de la población desconoce el término lawfare, y además, frustrada y deprimida, cerca de una revolución cuyo sentido parece siniestro, pide sangre a gritos.
La Justicia prófuga, con todo, no se detiene en esas grandísimas lesiones a la vida republicana, sino que nos hace pasear por todo el déficit de un sistema cuyo funcionamiento es (en el caso de que funcione de alguna manera) milagroso: la importancia de la policía en el ingreso de casos al sistema, la lejanía territorial del Ministerio Público Fiscal y su inoperatividad, los espantos de las confesiones de arrepentidos, la pérdida de importancia de procura de la verdad en los modelos procesales modernos (el modelo adversarial), y un etcétera infinito. Terminado el libro quedan dos dudas. Por un lado: ¿qué sentirán magistrados y fiscales, los miembros del Poder Judicial, al leer esta descripción? ¿Les afectará? Por otro, luego de leer las propuestas de reforma de Rusconi (hay que decirlo, en el marco de este descalabro, parecen una utopía) y de atender su fe en las mediaciones, en el acercamiento de partes, ¿será eso posible en un mundo en el que, como dice Rodrigo Rey Rosa en un cuento tenebroso, en lugar de buscar el placer del otro casi todos parecen consumidos de odio, lo que nos hace vivir en una morgue?
Finalmente, considerando sus propias propuestas de reforma, Rusconi tiene una respuesta descorazonadora para el presente inmediato: «En materia de políticas públicas de seguridad, derechos humanos, reforma judicial, reforma policial y reforma penitenciaria, cualquier consenso de fuerzas democráticas y republicanas con los gobiernos autoritarios de turno a la larga termina por ampliar y potenciar la intensidad de la violencia institucional que se despliega, y multiplica los caminos de ese despliegue». No dejen que esa nota negativa les impida leer La Justicia prófuga, para entender el laberinto en el que estamos metidos.
Nos vemos en la próxima.
Flavio Lo Presti
Docente, periodista y escritor. Desde hace años se dedica a leer y comentar libros.
Presentación «La Justicia prófuga»
